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El blog de Ortizcondeabogados

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Blog del despacho Ortiz Conde abogados, especializado en derecho civil (herencias, divorcio, propiedades, contratos, arrendamientos)


SOCIEDAD DE GANANCIALES

Publicado en 17 Febrero 2011, 01:06am

Etiquetas: #Sentencias

 

JURISPRUDENCIA SOBRE LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE GANANCIALES:

 

 

1º JUZGADOS COMPETENTES:

 

Sentencia del Tribunal Supremo de 8-7-1999: El conocimiento de los procesos de separación matrimonial y de divorcio corresponde, con competencia objetiva exclusiva y excluyente, a los Juzgados de Familia en las poblaciones donde existan (Sentencias de esta Sala de 8 de marzo de 1993 [RJ 1993\2048] y 2 de junio de 1994 [RJ 1994\4573]). Como la sentencia firme recaída en dichos procesos produce, respecto de los bienes del matrimonio, la disolución del régimen económico matrimonial (artículo 95 del Código Civil), es evidente que la liquidación de dicho régimen económico matrimonial (en el caso que nos ocupa, la sociedad de gananciales), en cuanto consecuencia necesaria de dicha sentencia firme, solamente puede lograrse (a falta de acuerdo entre las partes) en trámite de ejecución de la expresada sentencia, por lo que la competencia funcional para conocer de tal ejecución de sentencia corresponde exclusivamente al Juez que la dictó (artículo 55 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), en este caso, al Juzgado de Familia... cuyo Juzgado de Familia, además, habrá de llevar a efecto dicha liquidación de la sociedad de gananciales, en ejecución de la expresada sentencia firme de divorcio, por los trámites del juicio de testamentaría (artículo 1410 del Código Civil).

 

SENTENCIA del Tribunal Supremo de 19-09-2000: la competencia de los Juzgados de Familia cuando termina el proceso de divorcio se proyecta sobre cualquier otro litigio, como los que giran sobre conflictos relativos a la integración de bienes gananciales, y este es en el caso de autos la vivienda discutida.

 

SENTENCIA del Tribunal Supremo de 23-3-1998: la potestad jurisdiccional de los Juzgados de Familia abarca las actuaciones previstas en los títulos IV y VII del Libro Primero del Código Civil.

 

SENTENCIA del Tribunal Supremo de 2-6-1994: los Juzgados de Familia tienen una competencia delimitada perfectamente y no pueden conocer de otras materias más que de las comprendidas en el Título 4º del Libro 1º del CC, y su actividad competencial no se agota cuando terminan los procesos de nulidad, reparación o divorcio, ya que abarca a cualquier otros litigios en los que las cuestiones controvertidas sean del conocimiento atribuido a dichos Juzgados, lo que es excluyente respecto de los ordinarios de la misma población.

 

2º LEGITIMACIÓN:

 

Sentencia del Tribunal Supremo de 30-10-1997: la acción ventilada en esta litis no es otra que la de división de cosa común, concretamente la de división y liquidación de una sociedad legal de bienes gananciales formada a consecuencia del anteriormente existente matrimonio entre actor y demandada, acción esta que debe tramitarse únicamente entre los que la componen, sin perjuicio de que, si hubiera derechos de terceras personas sobre los bienes de la sociedad que ahora se liquida, puedan los mismos dirigirse contra los antiguos cónyuges o el que a consecuencia de la liquidación resultare titular del bien concreto sobre el que recaigan los derechos de esos terceros, en reclamación de lo que crean corresponderles, pero sin que sea preciso llamar a la liquidación de la sociedad de gananciales a dichos terceros ajenos a la misma.

 

Sentencia del Tribunal Supremo de  13-7-1995: la facultad que el párrafo 2.º del artículo 1385 del Código Civil concede a cualquiera de los cónyuges para defender los bienes y derechos comunes, significa que cualquiera de ellos está legitimado para hacer dicha defensa, pero no que pasivamente haya de soportar con exclusividad el ejercicio de una acción que, por afectar a ambos, debió ser dirigida contra los dos (Sentencia de 25 enero 1990 ).

 

Sentencia del Tribunal Supremo de 23-2-1994: (La doctrina de esta Sala se ha expresado en orientación última, en los casos de enajenación de bienes gananciales, en favor de la acogida de la referida excepción, estimando que el litisconsorcio se convierte en necesario y obliga a completar adecuadamente la relación procesal, cuando por no tener el demandado el poder jurídico reconocido por la ley que le habilita para ello, no se le puede condenar a realizar actos o prestaciones fuera de su disponibilidad. Si bien el artículo 1385 del Código Civil autoriza a cualquiera de los cónyuges a ejercitar la defensa de los bienes comunes, esta facultad no es de interpretación extensiva y absoluta respecto a cada cónyuge individualizado, para soportar exclusivamente las consecuencias de una acción, sobre todo cuando su resultado es negativo

 

Sentencia del Tribunal Supremo de  25-1-1990: cuando se postula la eficacia o ineficacia de una relación negocial o contractual basta dirigir la pretensión contra aquél de los cónyuges que haya sido parte en el contrato, sin necesidad de demandar también al otro cónyuge que no intervino en el mismo -Sentencias de 10 de junio y 30 de octubre de 1985 (RJ 1985\3100 y(RJA1985\5091), 26 de septiembre de 1986 (RJ 1986\4790), 4 de abril y 6 de junio de 1988 (RJ 1988\2651 y(RJA1988\4819), 16 de junio de 1989 (RJ 1989\4691), entre las más recientes-, y que, por el contrario, como es obvio, si los dos esposos tuvieron intervención, de manera directa o indirecta (representado uno por el otro), en el contrato cuestionado, la demanda debe inexcusablemente ser dirigida frente a los dos, pues lo contrario significa una defectuosa e inadmisible constitución de la relación jurídico-procesal -Sentencia de 6 de junio de 1988 (RJ 1988\4819).

 

3º EMBARGO DE BIENES GANANCIALES:


 

Sentencia del Tribunal Supremo de  26-5-1998 (RJA1998\4007): tanto la primera notificación (de la sentencia ejecutiva), como la segunda (para hacer saber a la recurrente la existencia de embargo, a los efectos del artículo 144 del Reglamento Hipotecario, en relación al 1373 del Código Civil),resultan plenamente ilegales y generaron indefensión, ya que no cumplieron con la exigencia de la normativa entonces vigente y de aplicación.... La diligencia practicada adolece de no cumplir con la expedición de cédula prevista en los artículos 266, 277 y 268 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En relación a la segunda no se identificó al testigo que se dice firmó la diligencia y era exigencia del entonces vigente artículo 263... los actos judiciales de notificación se rigen por el principio de recepción y no por el de comunicación (Sentencia de 17 mayo 1993 [RJ 1993\3557]) , y debe de quedar suficientemente acreditada la identidad del testigo que interviene en la diligencia (Sentencias de 29 noviembre 1984 [RJ 1984\5689] y 4 julio 1996 [RJ 1996\5557]). El cumplimiento de las formalidades exigidas en la práctica de las notificaciones judiciales, por ser materia de orden público, impone rigurosidad (Sentencia del Tribunal Constitucional 36/1989 [RTC 1989\36]) y con carácter primordial que se practiquen personalmente al interesado ya que la notificación personalísima es la que genera la mayor seguridad (Sentencia del Tribunal Constitucional 326/1993. Cuando se acude a un tercero se ha de procurar extremar el cumplimiento de los requisitos que la Ley fija a fin de obtener eficaz traslado y recibo (Sentencias del Tribunal Constitucional 51/1994 y 10 noviembre 1997. Las notificaciones intensamente irregulares y defectuosas generaron indefensión y vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución (Sentencias de 8 y 11 junio 1994 [RJ 1994\4898]). La indefensión de la recurrente se patentiza, toda vez que se la privó no sólo de conocer la sentencia dictada en el ejecutivo, sino también de la posibilidad de personarse en dicho pleito y plantear apelación, así como, respecto a la traba del bien ganancial, de poder acudir a la subasta del mismo y obtener su liberalización y de realizar las actuaciones previstas en el artículo 1373 del Código Civil.

En los casos de ejecuciones sumarias de bienes comunes, aparte de la exigencia del artículo 1373 del Código Civil de la notificación inmediata al cónyuge no deudor, el artículo 144 del Reglamento Hipotecario permite demandar a este consorte, resultando preciso notificarle la existencia del proceso y el embargo y su ejecución, con lo que se cubre las exigencias requeridas para la anotación registral, generando su ausencia la privación de protagonismo procesal, con las consecuencias que corresponden de nulidad y derivadas (Sentencia de 2 diciembre 1994 [RJ 1994\9395]); que es lo que en este supuesto ha sucedido.... Resulta decisivo no haberse cumplido las exigencias del artículo 144 del Reglamento Hipotecario para salvaguardar los derechos de la mujer respecto a su participación dominical en la nave, pues el juicio ejecutivo se tramitó a sus espaldas y así lo viene exigiendo la doctrina jurisprudencial respecto a la viabilidad del embargo de bienes del común ganancial (Sentencia de 16 noviembre 1990 [RJ 1990\8950], que cita las de 26 septiembre 1986 [RJ 1986\4790] y 20 marzo 1989 [RJ 1989\2186] y Resoluciones de la Dirección de los Registros de 11, 20 y 21 febrero 1964 [RJ 1964\847,(RJA1964\850 y(RJA1964\1473 ] y 28 marzo 1969 [RJ 1969\4161]... El referido artículo procesal 279 desplega su eficacia cuando se da por enterada en el juicio la persona notificada (SS. 10 junio 1964 [RJ 1964\3219] y 24 noviembre 1968) y para la incidencia de los conocimientos extraprocesales, éstos han de ser plenos y cabales, con total adquisición intelectiva de lo que se debió de hacérsele saber cumpliendo las formalidades legales, al resultar decisivo la eficacia de la recepción y con ello hay que rechazar las posibilidades y especulaciones de que se hubiera podido conocer aquello que no fue trasmitido en todo su contenido eficaz... Lo que se deja expuesto y al no decretarse la nulidad de las ventas referidas, determina la procedencia solicitada de los daños y perjuicios ocasionados, y hace viable esta solución, a fijar en ejecución de sentencia, la que representa un cumplimiento por equivalencia que autoriza la doctrina reiterada de esta Sala (SS. 12 junio 1991 [RJ 1991\4448], 27 mayo y 28 noviembre 1994 [RJ 1994\3756 y(RJA1994\8631], 4 diciembre 1995 [RJ 1995\9160] y 16 diciembre 1997 [RJ 1997\8689])

 

Sentencia del Tribunal Supremo de  2-12-1994 (RJA1994\9395): La notificación de la existencia del procedimiento y la práctica del embargo no se pudo llevar a cabo personalmente, dado el ignorado paradero de la esposa; no obstante, a instancia de la parte, el Juzgado lo efectúo en la forma reglamentaria, y con ello se daba puntual cumplimiento al protagonismo procesal que se le había asignado a doña Ludivina; la cual no puede pretender que se le conceptúe a todos los efectos como demandada, cuando ni en la demanda ni a todo lo largo de la litis se le tuvo como tal.

 

Sentencia del Tribunal Supremo de  20-3-1989 (RJA1989\2186): aun después de la disolución de la sociedad de gananciales, permanece viva la acción del acreedor contra los bienes que, antes de aquélla, tenían naturaleza ganancial -Sentencias de 15 de febrero y 13 de junio de 1986 (RJ 1986\681 y(RJA1986\3547) y 28 de abril de 1988 (RJ 1988\3299), entre otras-, sin que la normativa hipotecaria constituya obstáculo alguno para la persecución de los bienes que en la referida liquidación de la sociedad conyugal se adjudicaren a cada uno de los esposos, cuando la demanda se dirigió contra el esposo deudor y a la esposa se le notificó la existencia del proceso y la práctica del embargo, a los efectos del artículo 144 del Reglamento Hipotecario, como ocurrió en este supuesto litigioso, pues esta Sala tiene declarado -Sentencia de 26 de septiembre de 1986 (RJ 1986\4790)- que «la locución del artículo 144 del Reglamento Hipotecario, exigiendo la interposición de la demanda contra ambos cónyuges para hacer posible el embargo por deudas a cargo de la sociedad, fue matizada por la Dirección General de los Registros en el sentido de quepara la salvaguarda de los derechos de la mujer sobre los inmuebles comunes era suficiente que le fuese notificada la pendencia del proceso contra su consorte y el embargo -Resoluciones de 11, 20 y 21 de febrero de 1964 (RJ 1964\847,(RJA1964\850 y(RJA1964\1473) y 28 de marzo de 1969 (RJ 1969\4161)» y que «aun para los conflictos surgidos con posterioridad a la Ley de 13 de mayo de 1981 (RCL 1981\1151 y ApNDL 1975-85, 2354), sería de tener en cuenta, como apunta la Resolución del propio Centro de 28 de marzo de 1983 (RJ 1983\1662), que la exigencia de demanda conjunta a ambos cónyuges no guarda armonía con el carácter individual de la calidad de deudor, cualesquiera que sean las masas patrimoniales que tal actuación individual haya podido sujetar a responsabilidad, ya que cuando la Ley establece que uno de los cónyuges como órgano social puede obligar los bienes gananciales hay que entender este mandato legal hasta sus últimas consecuencias, que no es sólo la de poder realizar una prestación, sino también la de responsabilidad aneja de unos bienes, en este caso los gananciales, si hay incumplimiento, y sin que pueda atribuirse al acreedor la carga de tener que demandar a los dos cónyuges cuando únicamente ha contratado con uno sólo de ellos, así como tampoco obligar al cónyuge no deudor a que sea parte en el proceso cuando, aunque se vea afectado, no está obligado, ni directamente, ni como fiador».

 

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